Perspectivas del Derecho Comparado: La Gestión Migratoria en Chile y España
En el último tiempo, la gestión migratoria ha acaparado una atención preponderante en el debate público y los medios de comunicación tanto de Chile como de España. Sin embargo, los enfoques adoptados por ambos Estados muestran dinámicas opuestas.
Mientras que en Chile las autoridades han optado por restringir las prerrogativas de la población migrante —privilegiando la expulsión como herramienta principal de control e incurriendo en tendencias de criminalización—, en España se observa un fenómeno inverso.
El Gobierno español, mediante el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, ha implementado un proceso de regularización extraordinaria. Esta medida permitirá a miles de personas en situación administrativa irregular formalizar su estatus, lo que no solo les facultará para acceder al mercado laboral en condiciones dignas, sino que también generará un impacto positivo en el Sistema de Seguridad Social —actualmente tensionado por el desafío demográfico—, favoreciendo su plena inclusión socioeconómica.
Dicha política de ordenación no solo está armonizada con la legislación sectorial vigente (la Ley Orgánica de Extranjería y su Reglamento), sino que, además, está orientada a las recomendaciones que ha formulado en la materia la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a los principios del Pacto de Marrakech de 2018, cuyo propósito medular es garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares.
Ante este escenario, la autoridad migratoria chilena debería examinar esta experiencia de derecho comparado para proyectar su aplicabilidad a la realidad local. Es imperativo recordar que la regularización extraordinaria se encuentra dentro de las competencias legales que la Ley N° 21.325 confiere al Subsecretario del Interior.
La activación de esta facultad generaría beneficios directos en la economía nacional, facilitando la inserción laboral formal en sectores con déficit de mano de obra —como la agricultura y la minería— y contribuyendo a la sostenibilidad de un sistema previsional que enfrenta una tasa de dependencia cada vez más alta entre pensionistas y trabajadores activos.
